ESPAÑA
Prohibición corridas toros
El Parlamento de Cataluña prohíbe las corridas de toros
Por 68 votos a favor, 55 en contra, y 9 abstenciones, el Parlamento catalán ha aceptado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía prohibir las corridas de toros en esta Comunidad.
29/07/2010 Feagas

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2012, por lo que a los taurinos catalanes les queda año y medio para disfrutar de los astados en la Monumental.

La expectación era máxima, tanto en las horas previas a la votación –había más de 300 periodistas acreditados, una gran parte de ellos venidos del extranjero expresamente para la cita- como durante la misma, con taurinos y anti taurinos en las inmediaciones del Parlamento.

Pero no ha habido sorpresas y los pronósticos no han fallado. La libertad de voto de los dos grandes partidos, CiU y PSC, ha acabado decantando la votación.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, que votó “no” a la prohibición, pidió tras la votación que la prohibición de los toros no se convierta en un nuevo conflicto entre Cataluña y el resto de España. ''Espero moderación y sentido de la responsabilidad de todo el mundo'', dijo.

Dentro del PSC, tres diputados han votado a favor de la prohibición (Josep María Balcells, Antoni Comín y Núria Carreras) y otros tres se han abstenido (el Conseller de Economía Antoni Castells, quien se ha caracterizado los últimos meses por sus discrepancias de fondo con la dirección de los socialistas catalanes y el propio Montilla, Joan Ferrán y Rosa María Ferrer).

Por parte de CiU, siete diputados han votado en contra de la ILP, 30 a favor y seis se han abstenido.

Con esta votación se pone punto final a un proceso que el Parlament ha vivido con intensidad durante año y medio. La continuación del caso se dirimirá ahora en otras plazas: los protaurinos han anunciado que llevarán la prohibición al Tribunal Constitucional, y el PP intentará modificar leyes estatales para evitar la prohibición. La plataforma Prou!, promotora de la abolición, seguirá también su camino defendiendo los derechos de los animales, pero con una victoria en su haber.

Los empresarios taurinos también tendrán trabajo: negociar con la Generalitat las indemnizaciones por el fin de la Fiesta, que cifran en unos 300 millones de euros.