Tal y como informó ASAJA en el pasado número, y después de las controversias suscitadas en el sector, el certificado veterinario que reflejaba el Anexo XI del Real Decreto 3454/2000 no es, a día de hoy, obligatorio.
La Audiencia Nacional ha dictado providencia de 5 de junio de 2008 confirmando la interpretación dada por ASAJA a sus ganaderos, en el sentido de que no hay lugar en llevar a efecto de momento el auto de suspensión de la Orden PRE/2893/2007. La propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, rectificando su inetrpretación expresa, mediante una nota de prensa, textualmente ''a la vista de lo anterior, y hasta tanto no sea declarado firme el auto de suspensión adoptado por la Sala de lo Contencioso Administrativo y publicado en el Diario Oficial, se mantiene en vigor la Orden PRE/2893/2007, de 5 de octubre''.
De tal forma que no puede ser exigido el certificado veterinario para el traslado de animales a matadero hasta que no sea una sentencia firme y se publique en el BOE.
En defensa del ganadero ASAJA mantiene la posición que ha tenido desde el principio con este asunto.
La Organización reitera que este certificado, además de suponer un coste adicional para el ganadero, que por otra parte es el máximo responsable de los animales que se envían al matadero, no aporta ni la más mínima seguridad como así lo demuestran los casos detectados positivos de EBB y otras enfermedades, que llevaban siempre como documentación adjunta el documento firmado por un veterinario.
La Organización cree que la opinión del Consejo General de Colegios Veterinarios de España no debería haber sido considerada como una medida tendente a proteger la salud pública tal y como lo hace la Audiencia Nacional, puesto que en la cadena alimentaria existen suficientes controles que garantizan la total seguridad alimentaria de la carne.
Desde ASAJA se defienden siempre los intereses del sector ganadero intentando que no se confunda la defensa de la seguridad alimentaria, con la que la Organización y los ganaderos están plenamente implicados, con los intereses económicos de un colectivo de profesionales, interesados en el mantenimiento de un certificado veterinario carente de todo sentido.
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