La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (ANCHE) recurrirá a la vía judicial para tratar de evitar la modificación de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) del Lechazo de Castilla y León, al pretender incluir en la misma a razas no autóctonas.
Según se recoge en “El Norte de Castilla”, el presidente de ANCHE, Eduardo Páramo, consideró que la nueva normativa «es lesiva y desvirtúa todo el trabajo anterior y lo que tiene que ser un sello distintivo de calidad».
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 27 de junio recoge los cambios previstos en la IGP y, una vez que ANCHE ha agotado la vía administrativa para evitar la medida, acudirá a los tribunales ordinarios. «No parece cabal que se permita entrar a una raza como la Assaf, de origen israelí, y los cruces con otras autóctonas, cuando la normativa solo permite productos únicos de tierras únicas, que es lo que nos hace realmente competitivos», expresó Páramo.
El ganadero reiteró que es «un error» la modificación de la normativa que se hizo para distinguir el lechazo churro de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, «ya que no se debe aglutinar a todas las razas sin distinguirlas de las que poseen un sello de calidad», A su juicio, quien promueve el cambio no sabe lo que es una IGP, «y qué representa un sello que no tiene nada que ver con una marca de calidad», señaló.
Páramo añadió que «es un error que ataca de forma importante a las razas autóctonas de Castilla y León y creemos que no va a beneficiar a nadie, salvo a aquellos que pretenden especular con la idea de calidad».
Informe en Bruselas
El presidente de ANCHE aseguró que lo que se pretende es transformar la actual IGP en una marca de calidad, «en lo que viene siendo un empeño de la Administración regional de que todo vaya bajo el paraguas de ''Tierra de Sabor'' en los mercados, y se están equivocando». Páramo recordó igualmente que han presentado un informe en Bruselas con el punto de vista de ANCHE respecto a la IGP con «la esperanza de que la modificación no llegue a tener efecto, pero como la decisión tardará, se ha pensado en acudir antes a los tribunales».
Por otro lado, Eduardo Páramo cree que la modificación de la normativa «es un palo más para el sector», ya que recurrir a la vía judicial es otro gasto, y tanto desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, como desde la Consejería de Agricultura de la Junta, las ayudas para la mejora de razas autóctonas de ganado «han caído un 60 por ciento y el sector pasa por un momento ruinoso».
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