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ESPAÑA
Normativas
Ganaderos rechazan la norma de Bienestar Animal que prepara la UE porque reduciría un 70% la producción avícola
Los ganaderos de las demás cabañas también tendrían que realizar astronómicas inversiones en función de lo que dictaminaría esta Ley.
10/11/2023 -

La Alianza UPA-COAG advierte sobre las consecuencias que tendrá para el sector ganadero de Castilla y León la revisión de la normativa en materia de bienestar animal si sale adelante la propuesta que está sobre la mesa de los responsables de la Comisión Europea.

Nuestra organización considera que cualquier Ley que restrinja aún más la norma sobre bienestar animal pone en riesgo el futuro del sector del porcino, aves y conejos de nuestra comunidad autónoma, puesto que son elevadísimos los riesgos, costes y necesidades que implicaría cualquier eliminación de jaulas, restricciones en el transporte de animales vivos o reducción de animales en las granjas de tres sectores relevantes en la economía regional.

Por ejemplo, entre las recomendaciones presentadas por la Autoridad Europea una de las más impactantes sería la propuesta de reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a un máximo de 11 kilogramos por metro cuadrado, lo que significa que el número de aves en las granjas tendría que reducirse en aproximadamente un 70 %.

Los ganaderos profesionales de Castilla y León siempre han sido partícipes de la mejora en todo lo concerniente al bienestar animal, pero no podemos por menos que mostrar nuestro más absoluto rechazo a medidas tan restrictivas como las que se quieren imponer desde los despachos de Bruselas, puesto que en la práctica esa legislación podría tener un impacto brutal en la economía de los ganaderos y de los propios consumidores.

La Alianza UPA-COAG recuerda las diferencias que existen entre países de Sudamérica y Europa en legislación sobre bienestar animal, y las graves implicaciones que la entrada en vigor de las medidas europeas podrían tener sobre Mercosur, teniendo en cuenta además que dejarían una puerta abierta a prácticas de competencia desleal con terceros países.

A pesar de que los datos de explotaciones ganaderas en Castilla y León no están actualizados, el último censo oficial del INE es del 2020 y apunta que el número de explotaciones porcinas de nuestra región alcanza las 4.643, el de aves es de 1.377 y el de conejas madres de 314. Con estas cifras debemos ser conscientes del impacto brutal que tendría sobre la economía ganadera castellana y leonesa las medidas tan restrictivas que se proponen.

La Alianza UPA-COAG advierte de que las restricciones obligarían a los ganaderos a realizar elevadas inversiones, sin tener en cuenta los préstamos contraídos para cumplir las normas establecidas antes de 2012, de los que aún no se han recuperado totalmente.

Además, la aplicación de propuestas extremas tendría como consecuencia el cierre de pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales, la pérdida de competitividad y el aumento de las importaciones, además de repercutir de manera negativa en el consumidor final debido al consecuente aumento masivo del precio de la carne.

De hecho, el impacto económico de quienes proponen la revisión de la norma europea de bienestar animal, a precios actuales, sería de una bajada de una tercera parte de los ingresos para el ganadero de una explotación familiar. Se entiende que la bajada de producción repercutirá en un aumento de precio desorbitado para perjuicio del consumidor, que tendrá muchas dificultades para acceder a productos básicos para su alimentación convirtiéndose la carne de porcino, de pollo o de conejo en productos consumibles de lujo.