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ESPAÑA
Normas
Norma de calidad del ibérico
ASAJA respalda la decisión de la Junta de Castilla y León de recurrir el Real Decreto por el que se aprueba la Norma de Calidad del Ibérico.
25/02/2014 -

ASAJA respalda la decisión de la Junta de Castilla y León de recurrir el Real Decreto por el que se aprueba la Norma de Calidad del Ibérico por considerar que la actual normativa es muy lesiva para los intereses de los ganaderos e industriales de la Comunidad. La Organización Profesional Agraria ya mostró su desacuerdo con dicha normativa en las reuniones de la Mesa Sectorial del Ibérico convocada por la Junta de Castilla y León.

ASAJA considera especialmente dañina para Salamanca, como principal provincia productora, y para el resto de Castilla y León, la obligación de tener que incluir en la etiqueta, con un determinado tamaño y sobre todo en la posición concreta que se exige, el porcentaje de raza ibérica. La Organización Profesional no se opone a que aparezca esta información a la que el consumidor tiene derecho en la etiqueta, pero creemos que con esos requisitos lo único que consigue es confundir al propio consumidor.

En segundo lugar, ASAJA no está de acuerdo en que se limite el término “pata negra” a los cerdos 100% ibéricos y alimentados 100% con bellota, puesto que en realidad el porcentaje de animales que cumplen esos requisitos es casi inexistente. Existen animales que sin llegar a esos porcentajes tienen, al menos, la misma calidad que ellos. Además, el porcentaje de pureza debe ser obligatoriamente indicado independientemente del que sea. Por ese motivo, consideramos que limitar ese término tampoco beneficia ni al productor, ni al industrial, ni al consumidor, que vuelve a ser el más perjudicado.

ASAJA considera que la actual Norma de Calidad del Ibérico, tal y como está redactada, está orientada a favorecer a un determinado sector del porcino, que no es el de Castilla y León, Comunidad que es la principal productora de España.

Por ese motivo, desde la Organización Profesional Agraria, se respalda y se comparten los argumentos utilizados por la Junta de Castilla y León para recurrir el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero.