ESPAÑA
Sector primario
Propuestas para la agricultura y ganadería
Documento para el debate y reflexión en la elaboración de programas electorales.
10/05/2011 ASAJA

Hablar del medio rural en Ávila es hablar de la agricultura y la ganadería. Cada vez con más frecuencia se tiende a minimizar la importancia de este sector midiéndolo en términos de población ocupada o su participación en el PIB provincial. Y si bien en ambos parámetros se ha perdido peso relativo en los últimos años, como es propio de una sociedad en la que predomina el sector industrial y de servicios, no es menos cierto que cuando nos enfrentamos a años de malas cosechas o malos resultados económicos en el campo, toda la economía provincial se resiente. Y en momentos como este de amplias tasas de paro, de escasas oportunidades de empleo y de salarios bajos que en algún momento pueden compensarse con rentas agrarias a tiempo parcial, es cuando los empleos agrarios se valoran más en su justa medida. Unos empleos que actúan de vertebradores del territorio.

En lo que a nuestro sector primario se refiere, respecto al problema demográfico, ASAJA considera que el objetivo fundamental ha de ser frenar la caída de ocupados que cada año se produce a la vez que incidir en políticas tendentes al relevo generacional y reducción del envejecimiento. La generación de empleo neto sería posible en subsectores agroganaderos más intensivos, pero sobre todo es posible en el sector agroalimentario y de servicios, un sector agroalimentario que debe tener como objetivo no la primera sino la última transformación de los productos y la innovación para conseguir el mayor valor añadido.

La inmensa mayoría de las medidas tendentes a mejor la calidad de vida en el medio rural y el empleo, pueden tener cabida en la futura Ley de Desarrollo Rural de Castilla y León y su posterior reglamentación. Por ello, ASAJA considera que la Junta ha de ser ambiciosa en los objetivos de la Ley, dotarla de fondos suficientes, y procurar el mayor grado de consenso político y social para aprobarla y desarrollarla.

Calendario acuerdos legislativos en el marco de la política agrícola común:

· Reforma de la PAC periodo 2014/20 con su correspondiente dotación presupuestaria. La nueva PAC ha de garantizar la mejora de las rentas - particularmente por la vía de los precios y mercados pero complementado con las ayudas- y ha de tener como objetivo conseguir una agricultura profesional, viable y competitiva. A este respecto, la posición inicial de Castilla y León ha de ser la recogida en el documento sobre “Posición común de Castilla y León sobre la comunicación de la Comisión Europea sobre la PAC en el Horizonte 2020”, surgido con el consenso de la Consejería, las Opas y las cooperativas.

· Reforma OCM remolacha para la campaña 2014 y sucesivas. Cualquier reducción de la rentabilidad actual por la vía de los precios o las ayudas, o de ambas, supondría la desaparición del cultivo y con ello las empresas fabriles y de servicios, por más que en estos años se consigan mejorar las producciones a base de nuevas técnicas agronómicas.

Política agraria nacional

· Planificación compromisos plurianuales en política hidráulica y nuevos regadíos. Revisar la financiación de las obras de modernización de regadíos teniendo en cuenta el incremento de las tarifas por la subida de la tarifa eléctrica. Definir las competencias en la gestión del Duero. Aprobar el Plan Hidrológico de la cuenca del Duero teniendo en cuenta los intereses de los regantes.

· Modificación de las normas que afectan a Defensa de la Competencia para permitir: acuerdos interprofesionales, prohibir la venta a pérdidas, doble etiquetado, negociar precios indexando costes… Y también fortalecer la puesta en marcha de contratos homologados de compra-venta.

· Control sobre los altos costes de insumos: gasóleo (demanda gasóleo profesional), fertilizantes, electricidad (demanda tarifas especiales para riego y usos agroganaderos)...

· Mejorar la política de seguros agrarios para que supongan una suscripción masiva y de verdad sean una herramienta de sostenimiento de rentas ante adversidades climáticas.

Política Junta de Castilla y León

· Garantizar los recursos de la consejería de Agricultura y en la parte que nos afecta de Medio Ambiente y en particular garantizar la ejecución del Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León.

· Aprobar el proyecto de Ley de Desarrollo Rural de Castilla y León en los términos que nos fue presentada una vez aceptadas las sugerencias de los interlocutores en esa materia.

· Esfuerzo para reducir la carga de personal de la consejería, amortizando plazas de forma no traumática, y consecuentemente destinar fondos de los capítulos I y II al capítulo de inversiones y trasferencias de capital. A menos agricultores y más tecnología, menos funcionarios. Racionalizar la estructura de altos cargos.

· Adoptar medidas para controlar los daños de la fauna salvaje sobre la agricultura y la ganadería: daños directos sobre la cabaña ganadera y los cultivos pero sobre todo los daños sanitarios por ser portadores y trasmisores de enfermedades comunes con los animales domésticos (brucelosis, tuberculosis, o el caso más reciente de la pasterelosis). Adaptar las campañas de saneamiento a las peculiaridades de nuestra cabaña ganadera y territorio, especialmente en las zonas de nuestra provincia en las que convive cabaña ganadera y animales salvajes. “Son los ganaderos y no los animales salvajes los que están en peligro de extinción”.

· Reducir la carga burocrática a la que se somete a las explotaciones agroganaderas como tal actividad y la carga burocrática ligada a la percepción de ayudas. Cese al hostigamiento en materia de sanciones a que está sometida la actividad agropecuaria: el campo y la ganadería son hoy las actividades más vigiladas y controladas y sometidas a más limitaciones y prohibiciones.

· Política de redimensionamiento del mundo cooperativo (incluido si es el caso las cooperativas de crédito) y consolidar un grupo de distribución agroalimentaria gestionado desde la Castilla y León con compromisos con el sector primario local.

· Consolidar la campaña “Tierra de Sabor” garantizando que el sector primario se beneficie de la misma obteniendo más rentabilidad en las ventas. Poner en marca, de forma inmediata, leche envasada bajo dicha marca.

· Impulsar los acuerdos en sectores con dificultades de comercialización para los que la Administración regional ha creado mesas de interlocución específicas: leche de vaca, leche de oveja, patata.

· Impulsar medidas para garantizar la fluidez del crédito por parte de las instituciones financieras, tanto para circulante como para acometer inversiones. El coste de la financiación, que se está disparando en las últimas fechas, está pesando también sobre la rentabilidad de las explotaciones.

· Adscribir a la consejería de Agricultura las competencias transferidas en materia de política hidráulica y en concreto las que tengan que ver con las transferencias de la gestión de Duero si finalmente estas se producen.

Prioridades en política agraria:

· Las que tiene que ver con la modernización de las explotaciones y la incorporación de jóvenes al campo. Apoyar de forma más decidida la incorporación de jóvenes al sector, con una discriminación positiva a quienes se incorporen en pequeños núcleos de población, zonas de montaña o zonas desfavorecidas por alguna circunstancia especial. Esta incorporación se vería frenada si se retrasa de forma obligatoria la edad de jubilación, a la que ASAJA se opone. ASAJA sigue considerando necesarios los programas de cese anticipado en la actividad agraria, condicionado a dejar la explotación a un joven, unos programas que requieren de mayor dotación de presupuesto. Creemos que hay que promover una interlocución específica con las administraciones, y en particular con la Junta de Castilla y León, y proponemos la creación de un “Observatorio” que analice y valore los problemas de la instalación de los jóvenes, de la transmisión de las explotaciones y de todas las cuestiones inherentes al relevo generacional agrario.

· La mayor población rural está en áreas de agricultura de regadío. Esta es una de las razones por las que ASAJA apuesta por orientas recursos públicos a la política hidráulica y de regadíos, tanto de nuevos regadíos como de modernización de los existentes. Por ahora la Junta no tiene entre sus prioridades inversoras la transformación en regadíos para generar por esa vía riqueza y empleo.

· Diseño de una política agroganadera específica para las zonas de montaña. La preocupación específica para estas zonas del territorio se ha puesto de manifiesto desde la Unión Europea y también ya desde alguna región española.

· Facilitar todas las formas asociativas en el sector primario, con ayudas y exenciones fiscales, así como discriminación positiva en la incorporación de los jóvenes y las mujeres a dichas entidades asociativas y a sus órganos de gobierno.

· Ayudar de forma específica a las empresas agrarias que contraten mano de obra inmigrante y en particular ayudas para facilitar una vivienda digna y acceso a los servicios públicos a los asalariados en el núcleo rural en el que se ubica la explotación agroganadera en la que trabajan.

· Acuerdos entre el sector agroindustrial y el sector agropecuario, con la intermediación de la Junta, que garanticen el aprovisionamiento de productos de Castilla y León. Potenciación de una empresa de distribución de alimentos de capital regional, comprometida con los intereses de los consumidores, de los productores y de la industria agroalimentaria.

· Exigir a la distribución implantada en el territorio de la Comunidad Autónoma la venta prioritaria de productos producidos y transformados en Castilla y León, y en especial a aquellas cadenas con capital mayoritario de la región (El Árbol).

· Mayor esfuerzo en la formación del sector primario tanto en formación reglada como no reglada aprovechando las diferentes fuentes de financiación de la formación. En la actualidad existe una clara discriminación en la financiación de la formación al sector agropecuario.

Calidad de vida en el medio rural:

· Aceptar como principio general que cualquier ciudadano que viva en un núcleo rural ha de tener los mismos derechos en el uso y disfrute de los servicios públicos que quienes residen en las grandes ciudades.

· Especial atención a los servicios en el medio rural dirigidos a la población infantil y a la tercera edad por ser en los que más agravios y desigualdades se producen. Muchas de las razones de las familias para no vivir en los pueblos se fundamentan en los problemas de la infancia y la juventud y los problemas de la vejez.

· Política más agresiva de fomento de la vivienda rural tanto de primera como de segunda residencia, dando ayudas, exenciones fiscales y créditos preferenciales. La vivienda es un instrumento de arraigo en el medio rural.

· Subvencionar servicios públicos, que se repercuten en los ciudadanos, que se han encarecido por el mayor coste de darlos en el medio rural y a poblaciones pequeñas.

· Política de igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías. La tecnología siempre ha llegado varios años más tarde, de menos calidad y muchas veces más cara, al medio rural.

· Mejora de las infraestructuras de comunicaciones pues las Administraciones están preocupadas únicamente de las grandes vías de comunicación, de las autovías y los trenes de Alta Velocidad, y se olvidan de los accesos a nuestros pueblos.

· Valoramos que se establezca la aplicación del principio de discriminación positiva a las personas que viven o puedan vivir en el medio rural. Desde nuestro punto de vista éste es el compromiso más importante de cuantos se han asumido, pero se quedará en mera promesa si no se cuantifica y se compromete con normativa y presupuesto.

Por último, dada la importancia de la Ley del Diálogo Social en la política que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, y dado que en dicha Ley no se incluyó en su día la representación del medio rural, que legítimamente corresponde a las organizaciones profesionales agrarias, procedería una revisión de la Ley para que el medio rural no esté también en desventaja con respecto al medio urbano en capacidad de influencia e interlocución para cuestiones que le son propias.