Un amplio debate abrió la decisión de Soprole y Nestlé de retirar del TDLC la consulta sobre la fusión que pretendían llevar adelante, debido a que en Estados Unidos o la Unión Europea, operaciones de este tipo –que impliquen altos grados de concentración– ni siquiera son aceptadas a tramitación por los organismos que tutelan la libre competencia. También generan controversia los costos económicos y de tiempo que implican para los actores a los cuales se les consulta su opinión sobre el tema, el cual tienen que asumir ellos y no las empresas consultantes.
El senador UDI, Pablo Longueira, expresó que “esta experiencia nos permitirá reflexionar sobre la legislación vigente, pues se podrían establecer parámetros claros en que cualquier fusión que los sobrepase, esté imposibilitada de participar en un proceso de consulta al TDLC”.
El parlamentario explicó que “no se trata de extender (las consultas) a cualquier situación, pero hay que revisar sistemáticamente a los mercados que deben solicitarlas”. Argumenta que se debería estudiar el nivel de participación de mercado y la concentración que pueden poner barreras al emprendimiento.
El director ejecutivo del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica, Ricardo Jungmann, afirma que en Chile “hay vacíos legales que crean falsa certeza jurídica”. Y por ello estima, “es momento de abrir la discusión sobre la normativa, y analizar lo que ha funcionado bien en Estados Unidos o la Unión Europea”.
En dichas zonas, la legislación establece la obligatoriedad de un control previo de fusiones, que mide parámetros como concentración, participación o volumen de negocios, clarificando qué tipos de empresas deben o no consultar. En el caso chileno, este procedimiento es voluntario. Jungmann sostiene que en caso de optar por este tipo de control, se debe “adaptar a la realidad chilena, colocando los filtros que el país necesita. No deben ser los mismos que en otras partes, porque el mercado nacional de por sí es más concentrado que, por ejemplo, el europeo”.
El abogado Ricardo Riesco, socio de Philippi, Yrarrázaval Pulido & Brunner, piensa que “en Chile el principio de consultar es voluntario, y existe relativa certeza y certidumbre en el mercado de cuáles son las operaciones que se deben consultar y las que no”, gracias a una guía creada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para estos casos.
No obstante, agrega que la consulta sobre la fusión de LAN con TAM ingresada por Conadecus, generó “dudas” en todos los estudios sobre quienes tienen el derecho a ingresar una acción de este tipo al Tribunal. “Más que regular cuáles son las operaciones que deben consultar, me parece más pertinente que la capacidad de consulta quede radicada en las partes involucradas y en la FNE”, dijo.
Respecto a la experiencia de otros países, señaló que “es difícil de alcanzar, porque se logaría a través de instrucciones generales. Es un tema complejo, habría que sentar parámetros, como mercados sensibles, niveles de participación o monto de la operación, pero ¿quién lo define?”.
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