Hoy martes, día 8, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, efemérides que nos debería hacer reflexionar sobre la desigualdad y la discriminación laboral que sufre hoy en día la mujer en el campo español.
Para las mujeres, trabajar en familia ha tenido, por norma general, consecuencias muy negativas, según se recoge en la página web de FEAGAS. A efectos prácticos, el trabajo que se realiza en una empresa familiar es un trabajo que va a engrosar una bolsa común cuya titularidad ostenta el cabeza de familia, y es un trabajo que, contribuyendo de forma muy importante a la marcha del negocio familiar, no reporta de forma directa y personal remuneración, derechos sociales e identidad profesional.
Cierto es que en el Régimen de la Seguridad Social española se contempla la posibilidad de que marido y mujer pueden cotizar los dos y tener, al menos en este apartado, los mismos derechos. Pero aquí convendría considerar que –siempre por regla general- los ingresos de estas explotaciones familiares no suelen ser tan altos como para permitir afrontar el pago de dos cotizaciones a la Seguridad Social. En este caso, sólo cotiza el marido.
Ahora es una “colaboradora”
Según los datos que manejan las Organizaciones Profesionales Agrarias, un 60 por ciento de las mujeres que intervienen con asiduidad en las labores del campo no cotizan a la Seguridad Social, por lo que no tienen derechos especiales, salario, pensión para cuando se puedan jubilar, derecho al paro ni bajas laborales. Su trabajo no aparece en las estadísticas pues son consideradas únicamente como “colaboradoras” y, lo que más sonrojo les produce, es que no pueden hacer ninguna gestión sobre “su” explotación sin llevar la autorización escrita de su marido.
“La mujer en el campo siempre ha sido considerada como un grupo no definido, a medio camino entre el papel tradicional de soporte de la familia y el de colaboradora de la explotación familiar. Por eso, las mujeres del medio rural no han visto reconocida la importante función que siempre ha tenido dentro de la explotación familiar agraria” (Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural).
En este sentido, la explotación familiar agraria se configura como la confirmación socioeconómica donde mejor se refleja la confusión entre el trabajo doméstico reproductivo no remunerado (casi siempre, el de la mujer) y el trabajo reproductivo remunerado. Con la consideración añadida de la necesidad que la explotación tiene para su supervivencia del aporte de la mujer en las tareas diarias.
Es decir, que la mujer del campo –que en su mayoría ha sido hija, esposa y madre de ganadero- además de las labores propias de la casa como cuidar del marido, de los hijos y de los mayores, lavar, limpiar, etc, ayuda también en la explotación. Es una trabajadora con muchas obligaciones y ningún derecho.
Al margen de estas consideraciones económico-laborales, se puede hacer también una reflexión sociológica: no se puede hablar de desarrollo rural sin hablar de agricultura y ganadería familiar, que es la que realmente fija la población al territorio, genera riqueza en el mismo y produce el desarrollo socioeconómico de los pueblos y comarcas.
Mismo trabajo, mismos derechos
Ante esta situación creada, las mujeres trabajadoras en explotaciones agrícolas y ganaderas piden a la Administración una cotitularidad real a efectos de que un hombre y una mujer que trabajen en una misma explotación gocen de los mismos derechos.
El Gobierno está dando pasos en esta dirección, pero para muchas de estas mujeres, demasiado lentos. Recientemente, el Grupo Interministerial sobre Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias (GITIC), ha dado el visto bueno al borrador de anteproyecto de ley, en el que posibilita a las mujeres ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrarias en términos de igualdad con los hombres, favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales, y de sus riesgos y responsabilidades.
El GITIC fue creado por acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, para poner en marcha las medidas necesarias para acometer la regulación completa de la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. En este grupo de trabajo está formado por representantes de los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración, Sanidad, Política Social e Igualdad, y el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).Este Grupo Interministerial ha celebrado cuatro reuniones plenarias, cuatro reuniones bilaterales entre los distintos Ministerios y el MARM, y una reunión con las principales organizaciones de mujeres rurales de ámbito nacional, en la que se recogieron sus principales sugerencias.
Ahora, una vez que el Consejo de Ministros examine el texto en primera lectura, y antes de su aprobación definitiva, se desarrollará un proceso de consultas a las Administraciones Públicas y a los sectores implicados, en particular a las asociaciones de mujeres rurales, en la búsqueda del consenso más amplio posible.
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