Alrededor de medio millar de ganaderos de ovino de leche de toda la Comunidad se manifestó este miércoles por las calles de Valladolid, convocados por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y una docena de cooperativas lácteas, con el objetivo de denunciar la grave situación por la que atraviesa el sector, que arrastra una crisis de forma “permanente” desde 2005, agravada en los últimos meses por los altos costes de producción, principalmente de los piensos.
De forma pacífica, pero con el estruendo de los petardos, la comitiva comenzó su andadura en la plaza de Colón sobre las 12.30 horas con el mensaje ‘Ovino de Sabor. Clemente, Clemente, no nos amargues con tu corazón”, con ironía hacia la marca de calidad ‘Tierra de Sabor’, con la que no se mostraron muy conformes. La marcha concluyó tres cuartos de hora más tarde ante la sede de la Consejería de Agricultura y Ganadería, donde la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, recibió al coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González-Palacín, y a los representantes de las cooperativas.
Con antelación a las protestas, el líder regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León exigió a la Junta que condicione las ayudas y subvenciones que otorga a la industria láctea de la Comunidad a la firma de contratos a largo plazo que aseguren unos precios mínimos para los ganaderos, que al menos garanticen los costes de producción. Esta reivindicación tiene aún más importancia, matizó González-Palacín, si se tiene en cuenta que esas ayudas al sector industrial ascienden a 400 millones de euros en el periodo 2007-2014.
Sobre este asunto, que los ganaderos pusieron sobre la mesa a Pascual en el marco de una tabla reivindicativa, la viceconsejera de Desarrollo Rural argumentó que existe una normativa europea que “impide” que se puedan ligar esas ayudas, aunque señaló que la Consejería “ya incentiva a las empresas que tienen suscritos contratos con los ganaderos, pero no se puede primar la suscripción de los mismos”.
González-Palacín denunció que en la actualidad el ganadero de ovino de leche pierde 0,24 euros por cada litro de leche que entrega a las industrias. Asimismo, concretó que estos profesionales representan el 20 por ciento de los ATP de Castilla y León, aunque en los últimos diez años han desaparecido el 40 por ciento de estos activos, y el 20 por ciento de las cabezas de ganado, cuando las explotaciones tienen una media de 500 ovejas y dos puestos de trabajo.
En todo caso, recordó que la ruina de las cabañas de ovino no solo implica el fin de estas explotaciones, sino que del sector dependen los veterinarios, los piensos, las instalaciones que se utilizan, la maquinaria específica y la industria quesera, “muy implantada” en Castilla y León.
Solución factible
Todas las peticiones efectuadas hoy por UCCL, que lamentó la no asistencia del resto de organizaciones agrarias que “estaban invitadas”, son “factibles”, según reafirmó González-Palacín, quien pretendió extraer un compromiso por parte de la Junta que no llegó.
En ese sentido, el representante sindical avanzó que la manifestación de hoy representa el “pistoletazo de salida” de las futuras protestas “si no hay avances”, por lo que anunció que en próximas fechas volverán a salir a la calle. “Ejerceremos una presión sobre la Junta y las industrias lácteas que será insoportable”, advirtió.
Real Decreto
Por su parte, María Jesús Pascual reconoció que el sector del ovino atraviesa un “grave problema de precios” causado por la crisis económica internacional, a lo que se aúna el alza de los costes de producción en la última campaña. “Es verdad que el precio de la lecha está más bajo que el año pasado y además los costes más caros”, sentenció la viceconsejera, quien se sustentó en la aprobación del Real Decreto del Gobierno, que “tiene que dar estabilidad porque todas las transacciones de la leche deben estar sujetas a un contrato”.
“Ningún ganadero puede vender leche que no está contratada con anterioridad, y ningún industrial puede comprar al productor en el caso contrario, lo que dará estabilidad y transparencia”, espetó María Jesús Pascual. Al respecto, González-Palacín reprochó que el Real Decreto es “negativo” porque obliga al ganadero a firmar un contrato en el que la leche no tiene precio. “Hasta 40 días después de entregar el producto, el profesional no sabe por cuanto se lo pagarán”, denuncio.
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